El Consejo Constitucional debe constatar la incompatibilidad de la Ley Duplomb con el principio de precaución.

La Ley Duplomb es una ley que no se aprobará. No se aprobará para los franceses víctimas de enfermedades provocadas por pesticidas, cuya indignación es legítima. No se aprobará para los científicos que, al observar los efectos devastadores de los pesticidas en los seres vivos, han alertado a los parlamentarios sobre las consecuencias previsibles de esta ley. No se aprobará para muchos agricultores, que saben perfectamente que la destrucción de los insectos polinizadores afectará a la mayoría de ellos, y que ellos, junto con sus familias e hijos, serán las primeras víctimas de los pesticidas. No se aprobará para los más de dos millones de ciudadanos franceses que firmaron la petición pidiendo su derogación. Y tampoco se aprobará para nosotros, sociedades médicas o científicas, asociaciones de pacientes, que no podemos aceptar una ley que es peligrosa para la salud de nuestros conciudadanos.

¿Cómo podemos entender el voto de la mayoría de los parlamentarios a favor de esta ley? Podría ser tentador evocar estrategias políticas destinadas a conseguir el apoyo de influyentes líderes de opinión como la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), pero tendríamos que admitir un cinismo político inconcebible cuando está en juego la salud pública. Otra explicación parece más plausible: la de la ignorancia.

Entre las 53 personalidades escuchadas por la comisión del Senado que prepara el texto, hay representantes de sindicatos agrícolas, del lobby de los pesticidas, de algunos organismos estatales (entre ellos la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria ) o de establecimientos científicos o tecnológicos públicos (entre ellos el Instituto Nacional de Investigación sobre Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y de asociaciones de protección del medio ambiente.

Pero no hay médicos, toxicólogos ni epidemiólogos. No hay representantes del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (INSERM), del CNRS, del Ministerio de Salud ni de Trabajo (los pesticidas son factores reconocidos de enfermedades profesionales), ni tampoco del Fondo Nacional del Seguro de Salud ni de la Mutualité Sociale Agricole (Caja de Seguridad Social Agrícola).

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