Zonas de Bajas Emisiones: «Ante este fiasco, debemos implementar un pacto que ya no oponga la movilidad a la calidad del aire».

El voto de una mayoría heterogénea de diputados a favor de la supresión pura y simple de las zonas de bajas emisiones (ZBE), durante el examen en el Parlamento del proyecto de ley llamado de simplificación económica, constituye el enésimo avatar de la actual reacción ecológica, donde la ambición medioambiental queda relegada a un segundo plano de las políticas públicas.

Esta votación se produce en un contexto de cuestionamiento general de las políticas ecológicas en Francia y en otros países, pero no debe hacernos olvidar que el sistema francés, adoptado en 2018, nunca ha sido realmente apoyado por el Estado y los sucesivos gobiernos durante siete años: han intentado trasladar la responsabilidad a las autoridades locales, pero sin darles nunca los recursos operativos necesarios.

Es el caso del "control automatizado de sanciones" (radares automáticos capaces de detectar los vehículos más contaminantes), que existe en muchos otros países europeos pero que aún no se ha implantado en Francia a pesar de que las autoridades locales lo exigen al Estado, o incluso con apoyo financiero, con el gobierno suprimiendo, en diciembre de 2024, la prima de conversión para la compra de un vehículo nuevo.

La falta de voluntad política a nivel estatal y la propia ausencia de educación sobre el interés de una acción global a favor de la calidad del aire de las grandes áreas metropolitanas francesas han dañado gravemente el sistema, presentado como la emanación de una ecología calificada de "punitiva" por los opositores a la ecología, en primer lugar la derecha y la extrema derecha.

Pero el castigo está ahí: la contaminación atmosférica mata, hay que recordarlo, y las poblaciones más pobres son las primeras víctimas, pues son las que viven más cerca de las carreteras principales y autopistas, donde se concentran los contaminantes atmosféricos emitidos por el tráfico motorizado. El Consejo de Estado también ha sancionado al Estado francés tres veces en 2021, 2022 y 2023 con multas económicas de varias decenas de millones de euros por incumplimiento de los valores de calidad del aire establecidos por la Comisión Europea.

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