Clordecona: Estado ordenó indemnizar a dos ex trabajadores agrícolas

Desarrollar la enfermedad de Parkinson o el linfoma no Hodgkin y su forma de mieloma múltiple: en una decisión dictada el lunes 12 de mayo, el tribunal administrativo de Martinica reconoció estos riesgos como prejuicios morales de ansiedad. La corte ha ordenado al Estado francés que indemnice a dos ex trabajadores agrícolas por el escándalo ambiental y humano relacionado con la clordecona , un pesticida ultratóxico, en las Antillas.

Los jueces consideraron que aportaron "pruebas suficientes para justificar un daño moral indemnizable en forma de angustia, tras haber constatado que los interesados ​​habían trabajado durante más de diez años en una plantación bananera, como trabajadores agrícolas, y que habían participado en este contexto en las labores de esparcimiento manual de clordecona en las zonas de cultivo, sin equipo de protección" , resumió el tribunal administrativo en un comunicado de prensa que acompaña a las decisiones. Por tanto, el Tribunal ordenó al Estado indemnizar a las dos víctimas con 10.000 euros a cada una como compensación por estas pérdidas.

Estas condenas llegan dos meses después de una decisión del Tribunal Administrativo de Apelación de París en marzo, en la que dictaminó que el Estado debe ahora indemnizar a las víctimas de clordecona que demuestran este prejuicio moral de ansiedad .

En el caso de 1.286 demandantes de Martinica y Guadalupe, el tribunal dictaminó que "el Estado cometió errores", en particular "al conceder autorizaciones para la venta de insecticidas a base de clordecona" y "al permitir su uso prolongado" .

Sólo una decena de víctimas fueron reconocidas como elegibles para una indemnización, debido a la dificultad de establecer las pruebas (análisis de sangre y estudios ambientales) para demostrar "la exposición real a la contaminación del suelo, del agua o de la cadena alimentaria" y un alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

A su vez, el Tribunal Administrativo de Martinica señaló una "serie de errores" cometidos por el Estado y "susceptibles de comprometer su responsabilidad", en particular en las autorizaciones de venta de productos plaguicidas a base de clordecona, prohibidos en 1990 pero que fueron objeto de exenciones para permitir la utilización de las existencias restantes en las plantaciones de banano hasta 1993.