Medio ambiente: La Corte Internacional de Justicia emitirá su primera opinión sobre asuntos climáticos el 23 de julio

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, anunció este lunes que emitirá el 23 de julio una opinión que establecerá un marco jurídico global para combatir el cambio climático, el primero de su tipo.

En diciembre, la ONU le encargó emitir este dictamen sobre las obligaciones de los Estados para prevenir el cambio climático y las consecuencias para los Estados contaminantes. El presidente del tribunal, el juez Iwasawa Yuji, leerá el dictamen durante una audiencia pública.

Los conservacionistas del planeta esperan que la opinión de la CIJ tenga consecuencias jurídicas significativas, unificando el derecho existente, dando forma a la legislación nacional e internacional e influyendo en los casos judiciales en curso.

Otros argumentan que la decisión de la CIJ tendrá un impacto limitado porque sus opiniones consultivas no son vinculantes y los grandes países contaminantes pueden simplemente optar por ignorarlas.

La ONU, a instancias del pequeño estado insular de Vanuatu, solicitó al tribunal, con sede en La Haya, que respondiera a dos preguntas: ¿Qué obligaciones tienen los Estados, en virtud del derecho internacional, de proteger la Tierra de las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de estas obligaciones cuando los Estados, por sus actos y omisiones, han causado daños significativos al sistema climático?

La segunda pregunta se refiere a las responsabilidades de los Estados por los daños causados ​​a los países más pequeños y vulnerables y a sus poblaciones, en particular los países amenazados por el aumento del nivel del mar y las duras condiciones climáticas en regiones como el Océano Pacífico.

La CIJ escuchó más de 100 argumentos orales en diciembre, una cifra récord. Muchos provenían de pequeños Estados que comparecían ante la corte por primera vez. «Este podría ser el caso más importante de la historia de la humanidad», declaró el representante de Vanuatu, Ralph Regenvanu, en la apertura de la audiencia de dos semanas. «El resultado de estos procedimientos tendrá repercusiones para generaciones, determinando el destino de naciones como la mía y el futuro de nuestro planeta», declaró ante el panel de 15 jueces.

Las audiencias esencialmente enfrentaron a los mayores contaminadores contra los países pequeños y vulnerables: una verdadera batalla de David contra Goliat, como la llamó Joie Chowdhury del Centro para el Derecho Ambiental Internacional.

Las potencias mundiales argumentaron que el arsenal jurídico existente –la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)– era suficiente y no debía ser alterado.

Tras arduas negociaciones en la COP29, los países ricos acordaron aportar al menos 300 000 millones de dólares anuales para 2035 para financiar la lucha contra el cambio climático. Las naciones vulnerables afirmaron que esto era insuficiente e instaron a la CIJ a intensificar sus esfuerzos. «Esta es una crisis de supervivencia. También es una crisis de equidad», declaró el representante de Fiyi, Luke Daunivalu. «Nuestro pueblo (...) está pagando injusta e injustamente las consecuencias de una crisis que no creó. Esperan justicia, claridad y decisión de este tribunal», añadió.