Ciudades y estados divididos sobre la propuesta de la EPA de revocar la determinación de peligro

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• Una coalición de grupos de alcaldes, fiscales generales y siete ciudades y condados presentaron extensas cartas con respecto a la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de rescindir el “hallazgo de peligro” de 2009 , que concluyó que las emisiones de seis gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud humana y es la base de la regulación de los gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio.

• La EPA “no considera seriamente los impactos de estas acciones regulatorias en las ciudades”, afirmó una carta de 14 páginas firmada por la Liga Nacional de Ciudades, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, Climate Mayors, C40 Cities y el Centro Sabin para el Derecho del Cambio Climático de la Facultad de Derecho de Columbia.

• Mientras tanto, los fiscales generales de Kentucky y Virginia Occidental están codirigiendo una coalición de 26 estados que presentó una carta de 82 páginas en apoyo a la derogación del hallazgo de peligro, afirmando que "se construyó sobre terreno inestable, tanto legal como científicamente".

El 29 de julio, la EPA propuso rescindir la autoridad federal para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, iniciando así un proceso formal de elaboración de normas con un plazo para que las partes interesadas presentaran sus comentarios antes de que la agencia finalice y publique la norma propuesta. Se celebraron audiencias públicas virtuales del 19 al 22 de agosto, y el plazo para presentar comentarios por escrito se fijó para el lunes. Se recibieron más de 300.000 comentarios .

La EPA afirmó que revocar el hallazgo “ahorraría a los estadounidenses 54 mil millones de dólares en costos anualmente mediante la derogación de todas las normas de gases de efecto invernadero” y “devolvería el poder a los estados para tomar sus propias decisiones” sobre las regulaciones de los gases de efecto invernadero.

En su carta de 225 páginas oponiéndose a la derogación, la coalición de fiscales generales y ciudades y condados “describe los daños que los estados y los gobiernos locales experimentan diariamente y que se verán exacerbados si la EPA finaliza la propuesta”. La carta sostiene que rescindir el hallazgo de peligro violaría un precedente de la Corte Suprema y “afectaría desproporcionadamente a ciertos grupos y comunidades vulnerables con preocupaciones de justicia ambiental”.

“Seguiremos actuando contra las peligrosas medidas federales que ignoran la evidencia científica”, declaró el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, uno de los firmantes de la carta, en un comunicado enviado por correo electrónico. “La importancia de mantener este compromiso de larga data se ve subrayada por la simple realidad de que los efectos del cambio climático se sienten con mayor intensidad entre la gente trabajadora y las comunidades negras y latinas”.

“La ciudad de Nueva York no es ajena a los efectos devastadores de los desastres naturales”, declaró el alcalde de Nueva York, Eric Adams , quien también firmó la carta. “Con fenómenos meteorológicos extremos que azotan los cinco distritos con mayor frecuencia, por nuestra seguridad y para proteger nuestra economía, debemos estar preparados para los efectos del cambio climático, incluyendo la implementación de regulaciones federales más estrictas sobre los gases de efecto invernadero”.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, declaró el 1 de agosto que la determinación de peligro "representa una extralimitación federal por excelencia y nunca fue corroborada por la ley". El presidente Donald Trump y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, están "frenando esta extralimitación para que estados como Virginia Occidental puedan impulsar la energía estadounidense y competir con éxito contra China", afirmó Morrisey.

La EPA responderá a los comentarios del público antes de finalizar la norma. Se prevén demandas si procede a revertir la determinación de peligro. Yale Climate Connections indicó que el asunto probablemente llegará a la Corte Suprema en un proceso que podría durar varios años.