¡Los Incendios Forestales se apagan en invierno! y los de Sexta Generación necesitarán mucha innovación financiera y tecnológica. Por Jose Leopoldo Lindo

José Leopoldo Lindo — Think tank The World in 2050 (España)

Este artículo propone un marco conceptual para la integración de créditos fiscales verdes, seguridad nacional e innovación dual en la gestión forestal española. Las cifras y referencias proporcionadas constituyen la base para el desarrollo de políticas públicas específicas. España enfrenta su peor temporada de incendios, pero la crisis puede convertirse en un catalizador para un nuevo modelo de financiación verde basado en créditos fiscales, seguridad nacional e innovación dualtech militar-civil.

España arde y es noticia. Con unas 105.000 hectáras calcinadas en los primeros ocho meses de 2025, nuestro país experimenta la peor temporada de incendios desde el récord de 2022. Más allá de las cifras dramáticas, con 29 grandes incendios forestales y emisiones que superan los 5 millones de toneladas de CO₂ en años críticos, emerge una oportunidad histórica para transformar esta amenaza recurrente en un motor de innovación verde y seguridad nacional. Y como digo, la amenaza es recurrente; por lo tanto, el presupuesto de prevención y restauración debería ser gasto recurrente y no bailar entre los distintos capítulos de inversión a merced de subvenciones.

España no solo enfrenta más incendios forestales, sino incendios de una naturaleza completamente diferente. Los denominados incendios de sexta generación representan un salto cualitativo en la amenaza que enfrentamos. Son fenómenos que liberan tal cantidad de energía que alteran las condiciones meteorológicas de su entorno, generando sus propias tormentas de fuego y volviéndose prácticamente imposibles de extinguir con los medios tradicionales.

Estos mega-incendios, como los recientes de este verano o el histórico de Pedrógão Grande en Portugal, superan completamente la capacidad de extinción actual. Mientras que los bomberos forestales pueden operar efectivamente hasta intensidades de 10.000 kilovatios por metro cuadrado, estos incendios alcanzan los 140.000 kilovatios/m². Como explica Víctor Resco, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida: «Estos fuegos liberan tanta energía que, aunque mandemos a toda la UME o a toda la flota de la OTAN, no vamos a poder apagarlos».

La realidad es que los equipos de extinción se han visto reducidos a labores de pastoreo: delimitar perímetros, evacuar poblaciones y proteger infraestructuras críticas, mientras esperan que el incendio se apague por inanición al agotarse el combustible o por cambios meteorológicos. Los recientes heridos de la UME en el incendio de Yeres (León) evidencian los riesgos extremos que enfrentan nuestros profesionales ante estos fenómenos que generan vientos erráticos, cambios bruscos de dirección y formación de pirocúmulos.

Esta nueva realidad exige un cambio paradigmático total: pasar de una estrategia centrada solo en la extinción a diseñar cuatro grandes áreas de trabajo:

• Estrategia de prevención radical basada en la gestión agroforestal, la reducción del combustible disponible, la creación de infraestructuras de contención y la contribución de empresas privadas mediante nuevos esquemas de CO₂ basados en la mitigación del cambio climático.

• Créditos fiscales verdes CREDIF (Créditos de Reducción de Emisiones Derivados de Incendios Forestales), no solo una oportunidad económica, sino una necesidad existencial para financiar la transformación del territorio antes de que sea demasiado tarde.

• Innovación tecnológica dual civil-militar donde se incluyan los incendios forestales como una amenaza muy grave para la Seguridad Nacional, destinando miles de millones de los fondos de defensa asignados en ReArm o Protect2030 Europe.

• Servicio Voluntario de Emergencias, una idea que defiendo desde hace años, más necesaria ahora que el agotamiento de las BRIF y la UME es palpable, y que muchas muertes se producen entre ciudadanos que intentan proteger sus bienes o son rodeados por el fuego.

Los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están atravesando uno de los periodos más exigentes de su historia. Tras 150 días de trabajo ininterrumpido en la reconstrucción de Valencia tras la DANA, con más de 30.000 efectivos desplegados durante cinco meses, la UME apenas ha tenido tiempo para recuperarse antes de enfrentarse al verano más infernal de las últimas décadas.

El agotamiento se palpa en las declaraciones de sus oficiales, quienes reconocen abiertamente que los medios “no están pensados para una situación de simultaneidad de incendios como la que se está produciendo”. Con más de 1300 militares en labores de extinción y 2100 en apoyo, la unidad se encuentra “bajo una presión terrible” tratando de apagar siete incendios simultáneos en toda España.

La dramática realidad se materializó el pasado jueves, cuando cuatro militares resultaron heridos en el incendio de Yeres (León); tres de ellos sufrieron quemaduras de diversa consideración. Este hecho evidencia que incluso los profesionales mejor entrenados pueden sucumbir ante la virulencia de estos megaincendios que han convertido el territorio nacional en un polvorín de extinción climática.

El programa UN-REDD, con el cual he tenido la suerte de trabajar, es un exitoso —aunque polémico— ejemplo de protección de bosques tropicales mediante el pago por emisiones evitadas. Aunque los Créditos fiscales verdes CREDIF requerirán una adaptación técnico-científica a la realidad mediterránea.

Mientras REDD+ se centra en evitar la deforestación en países en desarrollo, un REDIF Mediterráneo debe focalizarse en la prevención activa de incendios forestales como mecanismo de reducción de emisiones.

Los datos son contundentes: España libera una media anual de 1,4 millones de toneladas de CO₂ por incendios forestales, equivalente a casi un tercio de las emisiones de la aviación internacional europea. La reciente propuesta de la Comisión Europea sobre créditos fiscales verdes para tecnologías limpias y el desarrollo del EU Nature Credits Framework proporcionan la base regulatoria perfecta.

La Estrategia de Seguridad Nacional identifica los incendios forestales como una amenaza principal, pero el enfoque actual del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) se centra excesivamente en la respuesta a la crisis. Necesitamos ampliarla con una visión preventiva integral que integre los incendios en el núcleo de la seguridad nacional.

El DSN, como órgano de asesoramiento directo al Presidente del Gobierno, debe liderar la coordinación de una estrategia nacional que trascienda las competencias autonómicas. Los incendios forestales no conocen fronteras administrativas, y su gestión requiere la misma coordinación interministerial que aplicamos a ciberataques o crisis energéticas.

La creación de un Comité Especializado de Gestión Forestal y Prevención de Incendios dentro del Sistema de Seguridad Nacional permitiría articular políticas transversales que conecten defensa, interior, transición ecológica y hacienda en una estrategia coherente de largo plazo.

Lamentablemente, el Real Decreto 676/2025, de 28 de julio, por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno, dejó al DSN bajo la tutela del Director Adjunto del Gabinete. En mi opinión, una General de Brigada como Loreto Gutiérrez Hurtado debería tener mucho más peso en Presidencia y en una estrategia a largo plazo, blindada ante cambios o enfrentamientos políticos.

Los 800.000 millones de euros del programa ReArm Europe representan una oportunidad única para desarrollar tecnologías duales que fortalezcan simultáneamente nuestra capacidad defensiva y nuestra resiliencia ambiental.

Las tecnologías de monitorización satelital, inteligencia artificial predictiva y sistemas de comunicaciones resistentes tienen aplicación directa en la prevención y gestión de incendios forestales. Estas deberían reforzar un programa de innovación para la extinción. No soy el único que se indigna al ver a bomberos forestales y miembros de la UME con bateadores a centímetros del fuego, usando sistemas de extinción que no han evolucionado en 50 años mientras invertimos miles de millones en otros asuntos menos urgentes.

El enfoque de tecnologías duales permite que inversiones en defensa generen beneficios inmediatos para la seguridad ambiental. Drones autónomos, redes de sensores IoT resistentes y plataformas de inteligencia artificial pueden operar tanto en escenarios militares como en prevención de incendios, maximizando el retorno de la inversión pública.

La ampliación de la Plataforma STEP para incluir tecnologías de defensa debe contemplar específicamente las aplicaciones ambientales. España puede liderar el desarrollo de un ecosistema de start-ups especializadas en tecnologías forestales duales, aprovechando los fondos del Consejo Europeo de Innovación.

Es imperante establecer un sistema de créditos fiscales por emisiones evitadas que permita a empresas y ciudadanos compensar sus emisiones financiando directamente la gestión forestal preventiva.

En el contexto de la gestión medioambiental, se plantea la necesidad de reconocer fiscalmente las toneladas de dióxido de carbono (CO₂) que no se emiten como resultado de las medidas preventivas contra incendios. Este reconocimiento fiscal sería un incentivo directo a la reducción de emisiones y daría valor económico a esas toneladas de CO₂ evitadas.

Las empresas, sobre todo las multinacionales líderes, podrían acceder a créditos fiscales específicos por sus contribuciones al cumplimiento de la NDC de España (dentro del objetivo europeo de reducir las emisiones un 55% para 2030).

Imaginemos deducciones fiscales transferibles equivalentes al 150% de la inversión realizada en la reducción de emisiones derivadas de incendios forestales. Este sistema, similar al modelo de tax credits estadounidense pero adaptado al marco fiscal español, requeriría que las toneladas de CO₂ evitadas fueran verificables, adicionales y permanentes, contribuyendo directamente a los objetivos del sector LULUCF dentro de la NDC española.

Será vital incentivar las inversiones a largo plazo en gestión forestal. Para ello, se necesita un marco regulatorio específico que permita la acumulación y transferencia de créditos fiscales entre ejercicios y contribuyentes. Esto crearía un mercado nacional de créditos fiscales verdes (no confundir con créditos voluntarios de carbono), canalizando capital privado hacia la gestión forestal preventiva mientras las empresas cumplen con sus compromisos climáticos y con la contribución de España al Acuerdo de París.

Servicio Militar de Emergencias. Por Jose Lindo (think tank, The World in 2050)

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