Lula firma ley de licencias ambientales con 63 vetos

Para el Gobierno, los vetos garantizan la protección del medio ambiente y la seguridad jurídica

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó, este viernes (8), con vetos, el polémico proyecto de ley (PL) aprobado por el Congreso Nacional que elimina o reduce requisitos para el licenciamiento ambiental en Brasil.

Lula vetó 63 de las 400 disposiciones propuestas por el Proyecto de Ley de Licencias Ambientales o Proyecto de Ley de Devastación –como lo llamaban los ambientalistas–, aprobado por la Cámara de Diputados el día 17.

El Palacio de Planalto informó que los vetos garantizan “la protección ambiental y la seguridad jurídica” y fueron definidos tras consulta a la sociedad civil.

Apoyado por sectores del agronegocio y del empresariado, el proyecto de ley había sido denunciado por organizaciones ambientalistas y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) como un grave retroceso ambiental.

Al explicar los vetos del presidente Lula en una conferencia de prensa en el Palacio de Planalto, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, dijo que se trata de una decisión colectiva del gobierno.

“Fue una obra que, a nuestro entender, mantiene el diálogo con el Congreso Nacional, garantizando la integridad del licenciamiento ambiental y permitiendo que los procesos se agilicen sin comprometer la calidad del licenciamiento, fundamental para la protección del medio ambiente en un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y procesos de desertificación”, explicó.

Una medida provisional (MP) y otro proyecto de ley con urgencia constitucional también fueron firmados por Lula este viernes, para restablecer parcialmente y con una redacción diferente, las disposiciones vetadas.

La medida provisional promulgada se refiere exclusivamente a la modalidad de Licencia Ambiental Especial (LAE), que permitía un trámite simplificado de licencias para proyectos y obras considerados estratégicos por el gobierno. Si bien se mantuvo la nueva modalidad creada por el proyecto de ley, el gobierno vetó la posibilidad de que este tipo de proceso se llevara a cabo en una sola fase.

Marina Silva explicó que el LAE establecido por el MP no excluye fases. "El LAE se utilizará para establecer proyectos prioritarios, que contarán con equipos dedicados a agilizar el proceso de licencias, pero no se permitirán licencias simplificadas ni de una sola fase", afirmó.

Miriam Belchior, Secretaria Ejecutiva de la Casa Civil, enfatizó que la decisión de veto afectó a todo el gobierno, no solo a un ministerio. Belchior también afirmó que la labor del gobierno se guió por cuatro directrices principales.

"Las directrices son: garantizar la integridad del proceso de concesión de licencias; brindar seguridad jurídica a empresas e inversores responsables; garantizar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas; e incorporar disposiciones que agilicen la concesión de licencias sin comprometer su eficiencia", explicó.

Potencial contaminante

El Gobierno también vetó la posibilidad de un licenciamiento simplificado para proyectos con potencial contaminante medio, que incluye el licenciamiento por autodeclaración.

En consecuencia, la Licencia de Adhesión y Compromiso (LAC) se mantiene sólo para obras de bajo impacto ambiental.

"Impide que proyectos de alto riesgo, como las presas de relaves, se sometan a licencias simplificadas sin un análisis técnico adecuado. El Proyecto de Ley del Ejecutivo [firmado hoy], además de restringir la Ley de Licencias Ambientales (LAC) a proyectos de bajo impacto potencial, añade límites al procedimiento de autodeclaración", informó el Palacio de Planalto.

El gobierno también vetó disposiciones que transferían ampliamente la responsabilidad de definir los parámetros y criterios de licenciamiento a los estados y al Distrito Federal (DF). Con estos vetos, el gobierno estableció que los estados debían adherirse a los estándares nacionales.

También fue vetada la posibilidad de sacar a la Mata Atlántica del régimen especial de protección para la supresión del bosque nativo.

“[El bioma] ya está en una situación crítica, con sólo el 24% de su vegetación nativa restante”, explicó Planalto.

Pueblos tradicionales y productores rurales

Otro veto del presidente Lula anuló la disposición que limitaba las consultas a las comunidades indígenas y quilombolas para proyectos realizados en sus áreas.

Según el proyecto de ley, solo se deberá consultar a las comunidades con territorios reconocidos o titulados. Con el veto, se deberá consultar a los grupos indígenas y quilombolas que hayan iniciado el proceso de reconocimiento.

“La limitación propuesta en el texto del proyecto de ley aprobado dejaría fuera a una serie de pueblos y territorios en proceso de reconocimiento por la Funai y la Fundación Palmares, contraria a la Constitución Federal”, justificó el gobierno.

La disposición que eximía a los productores rurales con un Registro Ambiental Rural (CAR) aún pendiente de análisis por parte de los organismos estatales también fue anulada por los vetos.

“La medida protege el medio ambiente, ya que solo los propietarios rurales que hayan tenido su CAR analizado estarán exentos del trámite de licencia”, informó el Ejecutivo.

El gobierno también vetó una disposición que limitaba las acciones de compensación a los impactos directos sobre el medio ambiente, excluyendo los llamados impactos indirectos.

“La medida garantiza que, siempre que exista un vínculo causal entre el proyecto y los impactos ambientales –directos o indirectos–, se puedan exigir medidas de mitigación, compensación o control adecuadas, preservando la eficacia del licenciamiento ambiental”, explicó el Ejecutivo.

Unidades de Conservación

El presidente Lula también vetó el artículo que retiraba el carácter vinculante de los pareceres de los órganos de gestión de las Unidades de Conservación en el licenciamiento de proyectos que afecten directamente la unidad o su zona de amortiguamiento.

En otras palabras, según el Proyecto de Ley, la opinión del organismo gestor de un parque nacional no se consideraría necesariamente para la emisión de una licencia. Con el veto, los organismos de las Unidades de Conservación tendrán poder real sobre el proceso.

“La medida refuerza la importancia de la evaluación técnica especializada en la protección de áreas ambientalmente sensibles, asegurando que los impactos sobre las Unidades de Conservación sean adecuadamente analizados y considerados en las decisiones de licenciamiento”, destacó el gobierno.

Instituciones financieras

Otro veto del presidente Lula mantuvo la responsabilidad de las instituciones financieras en otorgar crédito en casos de daños ambientales en los proyectos que financian.

La medida refuerza la importancia de condicionar el crédito al cumplimiento de la legislación ambiental, incentivar la prevención de daños y alinear el financiamiento con el desarrollo sostenible. El proyecto de ley del Ejecutivo [enviado al Congreso] establece que la entidad financiera debe exigir al empresario la obtención de una licencia ambiental antes de otorgar el crédito, indicó el Ejecutivo.